
Fosa común en Guaviare y “estatutos” de la Paz Total: los frentes de violencia, seguridad y paz
Hora20 · Caracol Radio · Nicolás Llano · 02.07.2025

Panelistas analizaron lo que implica en términos de violencia la aparición de una fosa común en Calamar. También debatieron sobre los marcos jurídicos, los acuerdos de sustitución y las capacidades de la Fuerza Pública
En Hora20 de Caracol Radio una mirada a un grave hallazgo en Guaviare: ocho cuerpos encontrados en una fosa común en medio de un grave panorama de violencia en ese departamento, del enfrentamiento entre armados y de deterioro de la seguridad.
También el debate sobre los estatutos para la Paz Total que presentará el Ministro de Justicia como ley de sometimiento y marco jurídico.
Al final lo que significan los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos con actores armados en varias regiones del país.
Lo que dicen los panelistas
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, recordó que en varias zonas desde el año pasado y este año han incrementado los enfrentamientos contra la Fuerza Pública, “pero siguen también los ataques contra organizaciones de sociedad civil y comunidades. En el caso Guaviare esta zona había sido controlada por el EMC de Mordisco y en últimos meses venía siendo disputada por Calarcá que se desprende del EMC y se hace llamar de otra forma y que se supone está negociando con el Gobierno en una mesa débil y se viene haciendo esta disputa entre sectores en la región, pero en realidad decir que esta fosa, que es un hecho atroz, es la muestra del desbordamiento de la violencia en el caso de Guaviare la interpretación es un poco diferente”.
Resaltó que el gobierno no tomará decisiones para cambiar el actual panorama en temas como sustitución, pues cree que en el ocaso de esta administración no hay mucho por hacer y que difícilmente se logrará cumplir con los objetivos trazados en los acuerdos con Comuneros y la disidencia de Mendoza.
Ariel Ávila, senador de la república por la Alianza Verde e investigador en temas del conflicto, detalló que el repertorio actual de violencia no es el mismo en todo el país, pero que sí hay lógicas nacionales como un proceso de fragmentación criminal que está asociado también a los efectos de la Paz Total, “hay proceso de fragmentación criminal que son muy violentos y con sevicia y eso se ve en departamentos como Nariño y Cauca. Hay una lógica dura de disputa de economías ilegales, el precio del oro a $3 mil dólares la onza, el tema de coca y un boom de economías ilegales, entonces nadie está concentrado en paz y concentrarse en territorios”.
Planteó que otro factor determinante es el de la situación de las Fuerzas Militares, “uno esperaría que una vez se levantan los ceses, se tendrían seis meses duros y después controlarían el territorio, pero llevan un año y no han podido”, una realidad que asegura está asociada a temas como la falta de inteligencia militar. Resaltó que la solución no es milagrosa, “no sé qué podría cambiar que permita que esto vaya a modificarse, incluso que den de baja a alguien como Mordisco, pero eso no alterará la situación, no veo nada que cambie eso”.
Frente a los caminos jurídicos, dijo que sacar ahora un acto legislativo, que dura un año como una de las vías presentadas por Montealegre es muy complicado, “en un año este Gobierno ya cerró la casa porque lo que pensaría que debe pasar es ampliar JEP, o sacarle una pata a JEP y que reciba a la gente, pero eso es un año y eso no se da”. De otro lado, dijo que viene el sometimiento, “que es necesaria para terminar las mesas, eso es ley ordinaria que podría estar en diciembre, pero no hay ambiente por crisis de seguridad, ¿quién aprueba una ley de sometimiento en este momento?”
Fernando Posada, politólogo y columnista en El Tiempo, planteó que el panorama de violencia se da un año antes de las elecciones y preocupa el efecto que pueda tener sobre liderazgos sociales, los cuales son un punto cercano de la ciudadanía en términos de participación democrática, “esto es grave porque se ha construido la totalidad o núcleo política de paz sobre una premisa que no es cierta y es que grupos armados ilegales y bloques y bandas están interesadas en negociar con el Gobierno y mientras tanto gozan de toda clase de incentivos para seguir en la ilegalidad con economías ilegales y expansión de control territorial”. Con lo cual, dijo que con grupos ilegales que incrementan y una Fuerza Pública debilitada en menor cantidad de uniformados, todo está configurado para que las cosas sigan siendo preocupantes y, “mientras tanto política de paz se inclina sobre proceso de negociación que no deja para nada resultados satisfactorios”.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, una fosa común es un horror que no se puede tolerar ni pasar, “eso se presenta en diferentes zonas del país, llama la atención que sea en Guaviare, pero en Cartago ha pasado más de seis meses con 20 jóvenes reportados como desaparecidos y han encontrado cadáveres en una laguna, pero si se baja al medio Baudó , al Atrato, Jamundí o Catatumbo vamos a encontrar fosas comunes, entonces la situación es alarmante y sí es la degradación de la violencia”.
En esa medida, dijo que las estructuras armadas ilegales sienten impunidad y que están por encima de la justicia y de la seguridad, “sienten que pueden impartir normas de convivencia”.
De otro lado, dijo que las gobernanzas criminales están repartidas por todo el país, fragmentadas, divididas en medio del ejercicio de paz total, pero con la claridad de que necesitan acciones de muerte. Frente a la caída en el número de efectivos en la Fuerza Pública, dijo que es muy delicado porque no hay ni uniformados ni capacidades de inteligencia.
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