El deterioro de la seguridad y del orden público en Colombia
Jairo Libreros profesor titular de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia
El Tiempo · 09.07.2023
Las razones de la crisis de orden público y seguridad en todo el país https://t.co/D9SxCefnTN
— Jairo Libreros (@JairoLibreros) July 9, 2023
Los primeros registros sobre el deterioro de la seguridad y del orden público se dan en la administración del presidente Iván Duque. Si bien fue un período atípico por la pandemia y el confinamiento, a partir del 2021 se presentaron dos fenómenos que no recibieron una respuesta de política pública del Gobierno Nacional. De un lado, el crimen organizado retomó el control del espacio público urbano mediante una serie de medidas planeadas y ejecutadas de forma indiscriminada como intimidaciones, extorsiones, desapariciones y homicidios. Y del otro lado, actores armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo consolidaron su presencia en los territorios controlando mayores extensiones de cultivos ilícitos, de mercados y rentas ilícitas y de rutas del narcotráfico y tráfico de armas.
Esta situación se agravó institucionalmente, porque el gobierno Duque le restó autonomía al papel de los gobernadores y alcaldes como tomadores de decisiones de seguridad ciudadana al concentrar en el Ministerio de Defensa Nacional el manejo de la seguridad y del orden público nacional.
El diagnóstico lo conocía con precisión de detalles el presidente Gustavo Petro cuando llegó a la Casa de Nariño. Pero el contenido de sus iniciativas de política pública no se diseñaron para solucionar esos problemas de seguridad y orden público ni para resolver los desajustes institucionales. La paz total y la seguridad humana se formularon para encontrar una salida política, negociada e inmediata con los ejércitos ilegales y el crimen organizado. La estrategia fue de zanahoria sin garrote. Apaciguar sin seguridad. Garantías de negociación política y sometimiento a la justicia sin estrategias de seguridad ni capacidades institucionales para disuadir comportamientos violentos o delictivos.
La respuesta de los grupos al margen de la ley fue racional y coherente con el ofrecimiento gubernamental. Aceptaron una salida política o de sometimiento, sin renunciar al uso de la violencia, a los negocios ilícitos y al control territorial.
Y en medio de esta crisis de seguridad y de orden público, un ministerio de Defensa sin pensamiento estratégico ni operacional. Apagado, vacilante y errático presentó una política pública desconectada de la realidad, que fue diseñada sin contar con los aportes de las fuerzas militares y de la policía nacional ni con las consideraciones de los alcaldes y gobernadores. Un ejercicio de suma cero. Una publicación que suma para archivar pero inoperante para garantizar la seguridad y defensa nacional.
El link con mi análisis en El Tiempo:
