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Servicios de policía distritales
Jairo Libreros profesor titular de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia
El Tiempo · 09.07.2023
Policía local en las capitales: ¿una iniciativa con futuro? https://t.co/7PPU7l0kNo
— Jairo Libreros (@JairoLibreros) July 9, 2023
El arreglo institucional establecido en la Constitución Política entre alcaldes y la Policía Nacional fracasó. El mandato constitucional que le asigna a los alcaldes la condición de primera autoridad de policía en su municipio o distrito es simplemente un saludo a la bandera. Es una frase sin sentido político ni contenido operacional.
Sin excepción, todos los comandantes locales de la policía en los municipios y distritos del país no siguen las ordenes o instrucciones que imparten los alcaldes y las alcaldesa del país. Si Claudia López se queja sobre la relación de dirección, conducción y subordinación con la policía en Bogotá, los desencuentros en el resto de municipios del país son más evidentes y problemáticos.
A nivel internacional está claro que los servicios de policía nacionales son eficientes en el cumplimiento de su función de policía judicial, que en última instancia se traduce en la lucha contra el crimen organizado. Pero en la función de vigilar el espacio público para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana sus resultados son mediocres, por decir lo menos, tal como ocurre en Colombia.
En cambio las experiencias internacionales relacionadas con los servicios de policía locales demuestran que estos son más eficientes en las tareas de vigilancia del espacio público, y por ende, de la convivencia y seguridad ciudadana.
Y es en este punto donde surge la viabilidad de reformar la Constitución para crear servicios de policía que se encarguen de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en los distritos del país.
La iniciativa de los alcaldes distritales es viable. Por polémica que pueda resultar se puede tramitar e impulsar en el Congreso, y de ser aprobada bajo lineamientos técnicos, garantizaría que los alcaldes asuman por primera vez desde 1991 su función de primera autoridad de policía.
Por último, el pie de fuerza policial dependería de la capacidad financiera y fiscal de la entidad territorial en donde quede habilitada, y no de los caprichos del ministro de Defensa o del presidente de turno. Y el alcalde asumiría realmente la responsabilidad política por el éxito o fracaso de la política de seguridad ciudadana en su distrito.
El link con mi análisis en El Tiempo: