Soy la voz de quiénes reconocemos la importancia de la cooperación internacional para el fortalecimiento tecnológico de la Fuerza Pública
#SoyLaVoz · La Luciérnaga · Caracol Radio · 08.11.2024
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y soy la voz de quiénes reconocemos la importancia de la cooperación internacional para el fortalecimiento tecnológico de la Fuerza Pública, pero este proceso se debe adelantar en sintonía con el orden constitucional y bajo estrictos controles de legalidad.
El affaire Pegasus es la punta del iceberg de un escándalo mayor que compromete nuestra seguridad nacional, porque hoy día no está demostrado que Iván Duque como presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, autorizó expresamente a la Policía Nacional a recibir y usar un programa de espionaje internacional.
En todas las democracias constitucionales -y Colombia es una de ellas- la modernización de las Fuerzas Armadas con tecnología de punta para garantizar la seguridad y el orden público, demanda estudios de conveniencia, de impacto en Derechos Humanos y el establecimiento de mecanismos de control de legalidad, tal como lo establece la ley de inteligencia.
Y en este caso, por la información que hasta la fecha se ha publicado, no existe un solo soporte que acredite dicha autorización, que comprometen los derechos fundamentales a la privacidad e intimidad de los colombianos. Tampoco se conocen los soportes de seguimiento de los resultados de esas operaciones en contra de objetivos legítimos o legales.
En conclusión, en Colombia necesitamos mayores niveles de modernización de la Fuerza Pública. Hablamos de programas como Pegasus y de muchas otras tecnologías de seguridad y defensa nacional. Los retos que nos impone el crimen organizado, el terrorismo y los alzados en armas son evidentes. Pero la adquisición de esas herramientas tienen que ajustarse al ordenamiento constitucional y legal, y a la fecha los voceros y exaltos tomadores de decisiones del gobierno Duque y del gobierno Biden no han demostrado que respetaron el Estado de derecho para utilizar Pegasus en Colombia.
