El nuevo rumbo de la seguridad: ofensiva contra el crimen, traslados y extradiciones
El Heraldo• 29.08.2026
A ocho días del Consejo de Seguridad realizado en Barranquilla, el Gobierno de Abelardo De la Espriella puso en marcha su plan de 90 días con una estrategia que incluye la caracterización de grupos armados, el traslado de cabecillas, la creación de ‘buques cárcel’ y la aceleración de extradiciones
El rumbo de la seguridad
El analista político y profesor universitario Jairo Libreros considera que el cambio en materia de seguridad era previsible por las condiciones en las que el gobierno de Abelardo De la Espriella recibió el país. A su juicio, durante el cuatrienio anterior no hubo un interés suficiente en sacar adelante una estrategia que permitiera garantizar los derechos de los ciudadanos, fortalecer la democracia y consolidar el control territorial.
A esto, sostiene, se sumó el debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública, mientras las estructuras criminales aumentaron su presencia en términos de hectáreas controladas, armas, recursos económicos y número de integrantes.
“Cuando tú recibes el poder con el eslogan que te permitió llegar a la Presidencia, que es el de seguridad, y recibes un país con esas características, era previsible que el cambio iba a ser muy notorio”, señala.
Para el analista, una de las primeras diferencias que se perciben está en el liderazgo y la voluntad política mostrados por el nuevo Gobierno, particularmente después del consejo de seguridad realizado en Barranquilla.
“Se nota liderazgo, voluntad política y trabajo compartido de conducción de la seguridad entre el Gobierno de De la Espriella, la fuerza pública y las autoridades políticas territoriales”, afirma.
Libreros considera que otro elemento destacable es que el mandatario ha concentrado parte de sus esfuerzos en escuchar a los integrantes de la fuerza pública, atender sus recomendaciones y ponerlas en práctica, al tiempo que articula el trabajo con gobernadores y alcaldes.
Tal y como se vio el domingo cuando asistieron al consejo de seguridad el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Eduardo Verano, así como los alcaldes del área metropolitana. Eso nunca sucedió bajo el gobierno anterior.
En ese contexto, menciona decisiones como la priorización de la lucha contra el sicariato, la extorsión y el secuestro, así como el regreso de los bombardeos contra estructuras armadas ilegales. A su juicio, estas medidas envían un mensaje importante.
Sin embargo, advierte que el verdadero desafío está en convertir esos impulsos iniciales en una política pública de largo alcance.
“Una cosa son estos impulsos y otra cosa es convertirlos en estrategias de política pública”, sostiene.
Por eso, considera fundamental que el Gobierno construya una hoja de ruta que permita mantener el esfuerzo y consolidar un cambio favorable en la percepción de seguridad de los colombianos.
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